FISCAL DE LA DICTADURA, COMPLICE DE GENOCIDIO.
FISCAL DE LA DICTADURA, COMPLICE DE GENOCIDIO.
Investigan a Nieva Woodgate. Ahora al frente de la causa por CANDELA
El Fiscal General del Departamento Judicial de Morón, Federico Nieva Woodgate, será investigado por su actuación durante la dictadura militar.
Investigan a Nieva Woodgate
En el marco del juicio por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar en la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de esa jurisdicción, integrado por los doctores Carlos Rozanski, Mario Alberto Portela y Roberto Atilio Falcone, dispuso que se investigue el accionar en los años de plomo de más de una docena de magistrados, entre los que se encuentra el actual titular de la Fiscalía General de Morón, Federico Guillermo Nieva Woodgate.
Tras condenar a cadena perpetua al ex jefe de la Unidad número 9, Alberto Dupuy y a los agentes penitenciarios Isabelino Vega, Víctor Ríos y Raúl Aníbal Rebaneyra, por encontrarlos responsables de homicidios, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad, el tribunal encomendó al Juez Manuel Humberto Blanco, titular del Juzgado Federal Nº 1 en donde se sustancia otra causa relacionada con hechos ocurridos en el mismo lugar, que continúe con la pesquisa en relación a las autoridades militares que participaron en los mismos y a los magistrados que fueron mencionados por los testigos durante las audiencias del juicio oral.
En el marco del juicio por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar en la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de esa jurisdicción, integrado por los doctores Carlos Rozanski, Mario Alberto Portela y Roberto Atilio Falcone, dispuso que se investigue el accionar en los años de plomo de más de una docena de magistrados, entre los que se encuentra el actual titular de la Fiscalía General de Morón, Federico Guillermo Nieva Woodgate.
Tras condenar a cadena perpetua al ex jefe de la Unidad número 9, Alberto Dupuy y a los agentes penitenciarios Isabelino Vega, Víctor Ríos y Raúl Aníbal Rebaneyra, por encontrarlos responsables de homicidios, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad, el tribunal encomendó al Juez Manuel Humberto Blanco, titular del Juzgado Federal Nº 1 en donde se sustancia otra causa relacionada con hechos ocurridos en el mismo lugar, que continúe con la pesquisa en relación a las autoridades militares que participaron en los mismos y a los magistrados que fueron mencionados por los testigos durante las audiencias del juicio oral.
Se trata en este último caso específicamente de los jueces: Carlos Alberto Mayón, Eduardo Francisco Marquardt, Rafael Sarmiento, Leopoldo Russo, Guillermo Rivarola, Carlos Guerello, Héctor Adamo, Pedro Luis Soria (h), Héctor Hugo Decastelli, Antonio Andrés Raimundi, Ángel Nellky Martínez, Rómulo Dalmaroni, Héctor Ricardo de la Serna y el actual fiscal general de Morón Federico Guillermo Nieva Woodgate.
El pedido del tribunal busca romper la inercia del juez Blanco para que apresure la investigación, que ya cuenta con un dictamen de la fiscalía que aún no ha sido contestado.
El pedido del tribunal busca romper la inercia del juez Blanco para que apresure la investigación, que ya cuenta con un dictamen de la fiscalía que aún no ha sido contestado.
La causa está radicada en el juzgado de Blanco hace más de tres años y no registra movimiento. Por este motivo, y otros retardos en distintos expedientes, el juez federal fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura. La presentación fue hecha en diciembre del año pasado por organismos de derechos humanos que cuestionan su accionar en las causas donde se investigan la desaparición de Jorge Julio López y delitos de lesa humanidad ocurridos en distintos centros clandestinos de la última dictadura.
A pesar de que hasta el momento se trata solo de un pedido de investigación y no pesa ninguna acusación formal sobre Nieva Woodgate, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) de Adolfo Pérez Esquivel, realizó una presentación el martes 26 de octubre ante la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, solicitando se contemple la posibilidad de realizar un jury de enjuiciamiento al Fiscal General de Morón y a todo funcionario judicial que por acción y/u omisión hubiese garantizado la impunidad de los genocidas.
A pesar de que hasta el momento se trata solo de un pedido de investigación y no pesa ninguna acusación formal sobre Nieva Woodgate, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) de Adolfo Pérez Esquivel, realizó una presentación el martes 26 de octubre ante la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, solicitando se contemple la posibilidad de realizar un jury de enjuiciamiento al Fiscal General de Morón y a todo funcionario judicial que por acción y/u omisión hubiese garantizado la impunidad de los genocidas.
El gran deschave
En su presentación ante la Bicameral, el SERPAJ hace referencia a una resolución dictada el 13 de junio de 1977 por la Corte Suprema de la Provincia.
En esa fecha, y ante un requerimiento del contralmirante Julio Antonio Torti, Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el presidente de la Corte dispuso, a través de la citada norma “recomendar” a los diversos tribunales y jueces de la provincia “que en la tramitación de Hábeas Corpus se abstengan de efectuar pedidos de informes al Estado Mayor Conjunto, relacionados con personas detenidas o desaparecidas”.
La decisión fue comunicada a las Cámaras de Apelaciones, Juzgados Civiles, Penales y de Menores, Tribunales Colegiados, Juzgados Notariales, Jueces de Registro Público y Jueces del Trabajo, de la Provincia de Buenos Aires.
El SERPAJ entiende que la referida resolución “certifica que todos los jueces de la provincia de Buenos Aires, sabían de la existencia de ciudadanos desaparecidos y en casos particulares se tramitaban las desapariciones forzadas de personas como privaciones ilegales de la libertad para evitar así librar los oficios correspondientes.”
Basándose en que los hechos imputados constituyen delitos de lesa humanidad y dado que Nieva Woodgate se desempeñó como juez en Lomas de Zamora hasta el año 1978 en que fue destinado a la Fiscalía General de Morón, el organismo que dirige Pérez Esquivel solicitó a la Bicameral que se lleven a cabo las medidas de investigación correspondientes a fin de establecer la verosimilitud de los hechos, que se individualice a quienes actuaron como partícipes necesarios para garantizar la impunidad judicial de los delitos de lesa humanidad perpetrados y que asuma el rol de denunciante y acusador, solicitando a la vez que se contemple la posibilidad de someter al magistrado a un jury de enjuiciamiento.
Basándose en que los hechos imputados constituyen delitos de lesa humanidad y dado que Nieva Woodgate se desempeñó como juez en Lomas de Zamora hasta el año 1978 en que fue destinado a la Fiscalía General de Morón, el organismo que dirige Pérez Esquivel solicitó a la Bicameral que se lleven a cabo las medidas de investigación correspondientes a fin de establecer la verosimilitud de los hechos, que se individualice a quienes actuaron como partícipes necesarios para garantizar la impunidad judicial de los delitos de lesa humanidad perpetrados y que asuma el rol de denunciante y acusador, solicitando a la vez que se contemple la posibilidad de someter al magistrado a un jury de enjuiciamiento.
Se presume que la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento dará rápido curso al pedido del SERPAJ, toda vez que su presidente, el diputado Gabriel Villegas ya había adelantado la intención de investigar la actuación del jefe de los fiscales de Morón, durante el proceso militar.
PABLO GUAVIARE, DIARIO DE ORIENTE.
