TEGUCIGALPA (Reuters) - El Gobierno de facto hondureño estaba el martes bajo fuego cruzado, mientras la comunidad internacional y algunas fuerzas que apoyaron el golpe de Estado exigían dar marcha atrás con la suspensión de las libertades civiles y pedían diálogo.
La primera fisura en el apoyo interno al Gobierno interino surgió el lunes, cuando diputados de los partidos Liberal y Nacional -que habían respaldado el derrocamiento de Zelaya a fines de junio- pidieron al presidente de facto, Roberto Micheletti, que afloje la restricción de libertades.
El mandatario de facto suspendió el domingo por decreto la libertad de asociación y movimiento -algo que sirvió a las autoridades para abortar las marchas de protestas contra el Gobierno de facto- y también la libertad de prensa, lo que les permitió allanar y cerrar a dos medios pro Zelaya.
Las fuerzas de seguridad mantenían rodeada por octavo día la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde Zelaya se refugió el lunes de la semana pasada tras entrar en secreto al país para reclamar el poder.
"Ellos quieren sostenerse en el poder a sangre y fuego", dijo Zelaya a la cadena CNN en español. Y agregó que sigue latente la posibilidad de que fuerzas de seguridad irrumpan en la embajada y lo asesinen.
Zelaya y Micheletti coquetearon la semana pasada con el diálogo, pero la situación se estrelló contra el obstáculo insuperable de restituir al presidente derrocado, algo que reclama toda la comunidad internacional desde hace tres meses.
Micheletti no quiere restituir a Zelaya, sino que busca arrestarlo por supuestamente violar la Constitución ante sus presuntos intentos de conseguir la reelección presidencial.
El sábado, el Gobierno de facto dió un ultimátum de 10 días a Brasil para que entregue a Zelaya o le dé asilo y lo saque de Honduras, agudizando la peor crisis política en América Central en décadas.
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