la selva no se vende, se defiende.
Las etnias amazónicas y el Gobierno peruano, acordaron este viernes crear una “comisión de la verdad” que investigue la masacre de Bagua, al noreste de Perú, ocurrida el pasado 5 y 6 de Junio, cuando una protesta indígena fue desarticulada mediante la fuerza policial y que derivó en la muerte de más de 40 ciudadanos.
El “Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas” se denomina la mesa de diálogo entre el Gobierno y los indígenas donde se acordó la instauración de la comisión.
Hasta el momento, se han propuesto algunos nombres para conformar la citada iniciativa, entre los que hay reconocidos religiosos y psicólogos, según lo señala este viernes la agencia estatal Andina
La fuente también maneja la posible participación de la ex ministra del interior Pilar Mazetti.
“Nosotros en el Estado también vamos a plantear algunos nombres y esperamos que a más tardar el 20 de julio ya tendremos definida la conformación de esa comisión”, indicó el ministro de Agricultura Carlos Leyton, quien preside la mesa de diálogo con los nativos.
El coordinador del grupo de trabajo creado por la mesa de diálogo para investigar los sucesos de Bagua señaló que las personas elegidas para conformar la “comisión de la verdad” deben contar con el apoyo unánime de todos los miembros que han formado parte de las conversaciones.
El Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas está conformado por delegados del Gobierno, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), así como representantes directos de varias comunidades de la selva peruana.
La masacre de Bagua significó para el gobierno de Alán García uno de los más duros golpes en lo que va de gestión, al verse obligado a delicnar ante sus intención de ofrecer tierras aborígenes para que sena utilizadas a través de consorcios.
El rechazo indígena llevó a la renuncia del primer ministroYehude Simon, y motivó a muchos sectores a iniciar una huelga nacional durante esta semana en rechazo a las medidas ecónomicas del gobierno.
Hasta este jueves, algunos sectores se encuentran paralizados mientras que otros decidieron suspender su alzamiento, tras recibir amenazas de represión por parte de las autoridades peruanas.
