en la Constitución de Cundinamarca de 1812 se consagra el respeto que el gobernante y los magistrados deben profesar por ésta
Desde los balbucientes inicios de la República en la Constitución de Cundinamarca de 1812 se consagra el respeto que el gobernante y los magistrados deben profesar por ésta, a riesgo de ser acusados y sancionados por la justicia de romper el pacto que juran solemnemente cumplir. Lo que se repite a lo largo de nuestro discurrir constitucional es lo contrario, consagrar la anarquía y el desorden. Y cuando en la actualidad con la Carta de 1991 el Presidente, como sus antecesores, desde los tiempos del Libertador Simón Bolívar, jura cumplir la Constitución y las leyes, no se trata de un simple acto ritual de la democracia sino de un mandato esencial e inequívoco, que se convierte en pilar de la misma. La legitimidad del sistema descansa en la noción de la vigencia y el respeto del Estado de Derecho, que se convierte en mandato de gobernantes y gobernados de cumplir con las reglas de juego establecidas por la Constitución. Se sitúan fuera de la ley los mandatarios que la violan o que como tahúres y aventureros hacen trampa en el juego. Los que sostienen que el gobierno tiene bajo la manga el as de los fulleros, para alterar las reglas de juego de la democracia, están incitando a descalabrar la legitimidad, al tiempo que irrespetan la inteligencia y la madurez de nuestro pueblo y debilitan el sistema. En un país de leyes, donde se consagra el equilibrio de poderes no es posible modificar la normatividad electoral para adaptarla a las urgencias del gobierno por eternizarse en el poder.
Los colombianos hemos venido asistiendo a una paulatina y cada vez más agresiva campaña desde la Casa de Nariño, para impulsar la re-reelección.
Tenemos un Presidente en campaña permanente que reparte cheques y beneficios a diario como un papá Noel, con la exclusiva finalidad de comprar con fondos públicos más popularidad. Y lo está logrando, al punto que las millones de personas que reciben los aportes de Familias en Acción y del Sisben, como diversas ayudas estatales, terminan por creer que esos dineros salen de las alforjas del gobernante y no del bolsillo del contribuyente. Se sabe que se opta por ese sistema asistencial para comprar opinión y contar con una base electoral de millones de votos cautivos, dentro de un esquema descomunal y vulgar de negociar conciencias y de someter a los humildes a los dictados del gobierno. Es así como se volatilizó gran parte de los fondos de las regalías petroleras y del Tesoro Público, sin importar descuidar la inversión en infraestructura y actividades productivas. Lo mismo tiende a repetirse con otras modalidades de intriga en los distintos niveles de la contratación pública, donde prevalece la decisión que beneficia a elementos adictos al gobierno y que son forzados por agentes del mismo a apoyar las causas oficiales.
Es así como se vulnera el equilibrio de poderes y usa la zanahoria de las notarías y beneficios non sanctos a los congresistas en la pasada reelección y se avanza a otra re-reelección. Y como esta vez se trata de aprobar la re-reelección vía Referendo y se teme que por el desgaste en el poder, las aulagas económicas, la pobreza de muchos de los electores que no cuentan con los beneficios de la ayuda oficial, por pérdida de apoyos y falta del elemento coercitivo que operó en los campos y la periferia del país para amarrar los votos en las anteriores elecciones presidenciales, no se obtengan las mayorías que se necesitan para ganar; se habla del Plan B o as bajo la manga, que no es otra cosa que modificar el censo electoral mediante un proyecto de ley, que el Congreso aprobaría sobre la marcha de la misma manera abusiva y escandalosa como se han conseguido los votos de los congresistas por estos días.
Eso sería ir a los mismos sistemas electorales fraudulentos y espurios que el gobierno dice rechazar en el caso de Fidel Castro, Hugo Chávez y otros políticos de la región dispuestos a hacer sus propias leyes para quedarse en el poder, manipular la propaganda, desconocer los valores de la verdadera democracia y la voluntad popular. Y los adictos del gobierno no ocultan que tal como está el censo electoral, no podrían poner los 7 millones y más de votos que se requieren para que el pueblo apruebe el Referéndum re-reeleccionista. Por lo que amenazan con legislar para modificar las atribuciones de la Registraduría Nacional y reducir la cifra de votos sumatorios requeridos para la aprobación del Referéndum. Rebajar el porcentaje de votos al capricho del gobierno nos degradaría al simplismo bárbaro de los sátrapas orientales de la antigüedad, contrario a los valores democráticos que profesamos los colombianos de casi todos los partidos y condición social.
