Globovisión, ¡Premio Internacional de Terrorismo Mediático!
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A 5 años de los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática, la Coalición por una Radiodifusión Democrática celebra el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. |
A cinco años de la presentación de los 21 puntos, la Coalición por una radiodifusión democrática se enorgullece de haber sido partícipe necesario del proceso de elaboración del Proyecto de Ley; surgido desde las organizaciones libres del pueblo, reconocido en el mundo como modelo para la elaboración de normas.
El 27 de agosto de 2004 trescientas organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, trabajadores de la comunicación, centrales sindicales (CGT y CTA), universidades nacionales, organizaciones sociales, movimiento cooperativo, pymes de la comunicación consensuaron 21 Puntos básicos para una Ley de Radiodifusión de la democracia.
Hace 5 años, unidos bajo el concepto de que no hay posibilidad de afianzamiento de la democracia política sin democratización de la comunicación, planteamos la necesidad y urgencia de una nueva Ley que reemplace a la Ley de la dictadura para terminar con el proceso de concentración y transnacionalización de los Medios.
Desde la elaboración de los 21 Puntos la Coalición transitó a lo largo y ancho del país miles de encuentros, debates, seminarios, mesas redondas que alimentaron la propuesta presentada por la presidenta Cristina Fernández el 18 de marzo en el Teatro Argentino de La Plata. Esa propuesta a su vez fue devuelta nuevamente a la sociedad para su posterior debate y corrección.
Desde entonces hasta hoy la Coalición participó en la totalidad de los Foros convocados por el COMFER para debatir, revisar y elevar nuevos aportes para ser incorporados al texto del proyecto definitivo.
Reivindicamos este proceso, reconocido por el relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidos, Frank La Rue, como inédito en el mundo para la elaboración de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El debate democrático con que se generó esta propuesta coincide con el propósito final de la Ley: darle más democracia a la democracia y elevar la calidad institucional de la sociedad.
En estos días, pues, que acompañamos con la movilización de todas nuestras organizaciones la presentación del Poder Ejecutivo Nacional, instamos a los bloques parlamentarios a darle un rápido tratamiento al proyecto de Ley.
Así mismo, ratificamos el estado de movilización y vigilia permanente hasta que este proyecto se apruebe, porque entendemos que sería inconcebible conmemorar el Bicentenario sin una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que profundice la democracia.
Clarín fue el primero de los grandes medios de comunicación del país en sumarse a la moratoria impositiva y previsional para deudores de la AFIP, que terminó la semana pasada. Para hacerlo admitió una deuda con el fisco cercana a los $ 130 millones, según revelaron a este diario fuentes oficiales. En el ente recaudador estiman que si se suman los punitorios y las multas que perdonó la moratoria, el pasivo total araña los 250 millones de pesos. Una cuarta parte de lo que reclama el Estado a todos los medios en su conjunto.
Aunque se presentó en la moratoria, el grupo que encabeza Ernestina Herrera de Noble sostiene que esa deuda no existe.
Así lo argumentó incluso ante la Justicia, donde varias de las cámaras que reúnen a dueños de medios iniciaron una demanda para reclamar que se computen a cuenta de IVA los aportes patronales que pagan por sus empleados.
El conflicto cobró actualidad por la guerra sin cuartel desatada entre el Gobierno y el holding mediático. Pero su origen se remonta a 2001. La Alianza decidió en aquel momento empezar a cobrar el IVA sobre la venta de diarios, exenta hasta entonces para fomentar el hábito en la población. Para compensar a las empresas en medio de la crisis, Domingo Cavallo les concedió un “plan de competitividad” que les permitía descargar de ese impuesto los aportes por sus trabajadores.
La prerrogativa legal terminó en 2002 y Eduardo Duhalde la extendió por decreto por seis meses.
El texto hablaba de una prórroga “transitoria” hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Es decir, si se mantenía firme el cobro del IVA o no.
Por eso las grandes empresas periodísticas consiguieron que la Justicia dicte varias medidas cautelares a su favor, considerando al Estado culpable de demorar esa solución, permitiéndoles seguir computando los pagos a cuenta.
El vacío legal nunca se cubrió. Y ahora Clarín asegura que optó por la moratoria general para deudores impositivos como una “decisión jurídica”, para que no siga corriendo el taxímetro de la deuda, pero mantiene su pleito judicial y reclamará el reembolso de las cuotas que pague si la Justicia termina fallando a su favor.
El Ejecutivo considera que así está admitiendo la legalidad del millonario reclamo fiscal.
A lo que no adhirió el grupo fue al canje de esas deudas por espacios para publicidad oficial que propuso el Gobierno hace dos semanas. “Eso es inadmisible. Lo que quieren es garantizarse un caudal publicitario impresionante que se sumaría a su abultada pauta oficial, que superó los 650 millones sólo en la primera mitad de este año”, dicen en el holding, ante una consulta de este diario.
Con la oferta del canje de deuda por publicidad, el Gobierno igual logró meter una cuña entre los grandes grupos mediáticos. El canal de televisión América, del grupo Uno Medios, que administra el empresario Daniel Vila, fue uno de los que sí lo aceptó. Ofrecerá un jugoso paquete de segundos de aire a cambio de los 48 millones de pesos que le reclama la AFIP.
Vila igual milita junto a Clarín entre los principales enemigos de la nueva ley de radiodifusión. Ya mandó a hacer –tal como publicó este diario– un millón de pulseras de goma con la leyenda “Hasta K”.
DEVUELVA A LOS HIJOS APROPIADOS DURANTE LA DICTADURA SEÑORA, NO LO OLVIDAMOS¡¡¡¡¡
