Diferentes formas de defender un espacio okupado
Preguntas que generan más y más preguntas. Participantes de algunos centros sociales del Estado reflexionan sobre los límites, los problemas y el futuro del debate sobre el diálogo con las instituciones. La conversación vuelve a empezar cada vez que un centro social intenta, por medio de acuerdos, parar un desalojo. ‘Negociación’ es un término que a nadie gusta y que pocos asumen. Dentro de los centros sociales okupados (CSO) encontramos posturas diferentes y hasta encontradas que provocan niveles de apasionamiento que desembocan en enfrentamientos entre colectivos y dentro de ellos, provocando fracturas en relaciones políticas y personales.
La okupación ha pasado de ser una práctica identificada con formas e ideologías políticas muy concretas a ser adoptada como herramienta de acción política y social por activistas de lo más heterogéneo. Ambas formas de entender la okupación conviven en la península, una convivencia plagada, a veces, de desencuentros. Desde Can Masdeu, en Barcelona, reconocen que la coexistencia entre diferentes formas de entender la okupación genera conflictos: “Y no es necesariamente malo, aunque es verdad que se paga un precio, como, por ejemplo, la dificultad para articular respuestas o iniciativas unitarias”. De hecho, se preguntan: “¿Es la okupación un movimiento? ¿Es importante que lo sea? ¿Hemos sabido reinventarnos?”. “Es que no hay una o dos formas de entender la okupación; son infinitas, tantas como proyectos. Y ésa es la fuerza del movimiento, que no existe una única fórmula”, comenta Richard, del Patio Maravillas de Madrid. “La proclama de ‘10, 100, 1.000 centros sociales’ tiene una dimensión cualitativa; espacios diferentes, con procesos diferentes”.
En el Patio el debate lleva meses abierto tras la propuesta realizada al Ayuntamiento para la expropiación del edificio que okupan. Álvaro, desde Can Masdeu, relata su experiencia: “Por ahora más que ser legales o ilegales nos atrae el concepto de ser ‘alegales’, es decir, no tener que estar permanentemente en la incertidumbre de un desalojo o un proceso judicial, pero tampoco entrar en un tortuoso camino de negociación y menos de institucionalización. Y la ‘alegalidad’ se gana con apoyo amplio y visibilidad”. Un debate al que Richard no ve demasiado sentido: “Considero que el debate ‘negociación sí o no’ es estéril, al igual que el debate sobre el uso de la violencia: depende de cómo, cuándo y por qué. La ‘negociación’ es una herramienta más y debe evaluarse su uso en situaciones concretas”.
Este conflicto “generacional” sí es evidente en el fanzine Okupación, más que 4 paredes, editado por Distri Maligna y cuyos autores se identifican como participantes en diversos espacios okupados: “Una corriente autodenominada ‘movimiento okupa de segunda generación’, de tendencia reformista, ciudadanista y cuyo único fin es pactar con las instituciones para conseguir de forma gratuita un espacio, hace años que trata de reivindicarse como la evolución del movimiento okupa, etiquetando a lxs que no son como ellxs: ‘okupas de primera generación’”.
Los límites del diálogo
Okupar supone para algunos proyectos un asunto eminentemente logístico, donde dar cabida a otras iniciativas, mientras que para otros es mucho más que la liberación de un espacio. El asamblearismo, la autogestión y la autonomía son también rasgos comunes que todos se arrogan aunque se desarrollen con diferente éxito. Y mientras hay proyectos que sí pueden sobrevivir en otros espacios y de otras formas, para otros la normalización es su muerte. ¿Dónde está la frontera que no debe cruzarse a la hora de hablar con las instituciones o la propiedad? Uno de los textos de referencia en este debate es Contra la legalización de los espacios okupados, realizado por activistas del El Passo Occupato de Turín en 1994: “A nosotros nos parece que las distintas okupaciones (...) no deben buscar los favores de los partidos ni la asimilación por las leyes, pues esto no conlleva más que la legitimación del poder parainstitucional que nada tiene que ver con la autogestión y su desarrollo”. Para Brutus, de la Casika de Móstoles, “el primer objetivo es disponer de un espacio, y el diálogo con las instituciones es otra forma más de conseguirlo siempre que no se pierdan las motivaciones que llevan a okupar”. Sin embargo, Brutus aclara que ésta no es la opinión mayoritaria en la Casika. Sobre los límites del diálogo, Álvaro considera que a veces se produce cierta asimetría: “¿Cabe preguntarse qué límites puede poner un CSO en sus acciones de resistencia? ¿Cabe, por tanto, la pregunta sobre los límites al diálogo?”. Respecto a las cosas que tener en cuenta a la hora de sentarse a hablar, Álvaro nos comenta: “A la hora de negociar creemos importante analizar el proceso propio dentro de un contexto más grande que simplemente la supervivencia del proyecto o la coherencia con un ideario preexistente. Esto puede dar argumentos en cualquier dirección, pero, en general, en el grupo [Can Masdeu] se tiende a rechazar esta opción en cualquier caso”.
La conversación nos lleva a buscar experiencias fuera de las fronteras del Estado. “Aquí tenemos un déficit impresionante de cultura democrática. Seguimos entendiendo a la clase política como algo que miramos desde abajo, no de igual a igual, y eso condiciona nuestras relaciones con ella”, comenta Richard para DIAGONAL, que tiene muy claro en qué no quiere que se transforme el Patio Maravillas: “No queremos convertirnos en proveedores de servicios para el Ayuntamiento, sino gestionarlos para, desde ahí, construir contrapoder. Conservar el espacio y asegurar que su permanencia tiene como objeto el seguir dando caña”. Ése es el riesgo que vislumbraban desde El Passo años atrás: “En pocas palabras, el poder se rebaja a pactar la existencia de cuatro muros sólo si de aquellos no surgen acciones contrarias al statu quo; por tanto, bienvenidos sean los servicios gratuitos y voluntarios que cubren las lagunas asistenciales del Estado, bienvenidas sean las obras sociales que, por una parte, legitiman la existencia de los CSO de cara a la gente y, por otra parte, legitiman al poder que las tolera”.
Responsabilidades
Pero son muchas más las dudas que surgen al observar determinadas experiencias en Europa. Desde Can Masdeu, Álvaro se pregunta: “¿Ha sido la legalización lo que ha dado al traste con la okupación como acción política colectiva en algunos países? ¿Qué influencia ha tenido el ciclo histórico de desmovilización social, la incapacidad para reinventarse y regenerarse, el ciclo natural de cualquier movimiento? ¿Es la legalización y extensión de la okupación hacia espacios despolitizados un fracaso?”.
“Aquí no parece atisbarse una legalización de la okupación y no está claro que sea deseable. Sí, quizás, una despenalización”, comentan desde Can Masdeu. Estar fuera de la ley no es la situación ideal, pero la normalización de los proyectos con la intervención de las instituciones, culpables de las situaciones que se intentan combatir, tampoco parece, a priori, la mejor de las soluciones. “La responsabilidad de quienes buscan un diálogo no necesario con el poder se amplía aún más por el hecho de que este sector se presenta como un grupo compacto que ha indicado una línea rigurosamente aceptada por todos sus afiliados”, concluían los activistas de El Passo en 1994. Un debate que genera tantas posturas como proyectos.
