El primero de los documentos es una recopilación de antecedentes y un análisis de antecedentes sobre Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, ordenada por el Departamento de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, que lleva el número WSA/Was/3215B, registra entrada de datos los años 1975,1984 y 1990, y dice relación con el lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita, actos todos relacionados con la intervención y liquidación del Banco de Talca, en 1982.

Ya en el encabezado, el documento proporciona sorpresas, toda vez que Informa que el patriarca del clan Piñera, don José Piñera Carvallo, era colaborador de la CIA desde 1965, y que José Piñera Echeñique, hermano de Sebastián, quien se desempeñó como Ministro del Trabajo y Previsión Social de la dictadura, desde donde impulsó el Plan Laboral y la reforma provisional que introdujo el sistema de capitalización individual, y como Ministro de Minería, desde donde perpetró la segunda desnacionalización del cobre, era a la vez colaborador directo y analista financiero de la familia Pinochet.

Los numerales 1 y 2 del documento, remiten a la estafa perpetrada por la Cooperativa de Ahorro y Préstamo La Familia, ya reseñada en nuestra edición 1458. El documento atribuye la autoría intelectual a Jaime Guzmán Errázuriz y José Piñera Echenique.

Sebastián Piñera entra al baile en el numeral 4, relativo a la triangulación de empresas y lavado de activos por 85 millones de dólares, en relación con el Banco de Talca. Aparece una glosa a la constructora Socofer, de Luis Fernández Drey, cuya insolvencia precipitó la quiebra de La Familia.

Pero de mayor interés es la que remite a la Fundación Azul, operada por Ernesto Silva Baffalluy, por entonces gerente general de ENAP. Del críptico lenguaje del documento de inteligencia, se desprende que se trataba de un mecanismo para desviar fondos de empresas hacia medios de comunicación.

Y como inmediatamente viene la referencia a Joaquín Lavín, el Mercurio y Petrox, no es aventurado concluir que el destinatario de los fondos era ese diario. Tanto Lavín como Silva Baffalluy pertenecen al Opus Dei y al núcleo duro de la UDI; son socios en la Universidad del Desarrollo y ambos desempeñaban altos cargos en ENAP, cuando ésta fue dividida en filiales, una de ellas Petrox, en 1981.

A continuación viene un listado de empresas ficticias constituidas para recibir créditos del Banco de Talca y “comprar acciones del propio banco”. El documento atribuye la autoría intelectual de esa asociación ilícita a José Piñera Echeñique, Carlos Massad y Sebastián Piñera Echeñique.

Agrega que en virtud de ella, se crearon cerca de ochenta empresas ficticias que “utilizaban beneficios que otorgaba el Banco central de Chile para sus exportadores”. Entre las empresas, menciona a Infinco, Inversiones Río Claro, Indac, Inversiones Sevilla, Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde, Forestal Los Lirios y Financiera Condell, entre otras. Y entre los ejecutivos y controladores de las empresas de esta asociación ilícita, aparecen mencionados José Concha, Susana Tonda, Patricio Barros, Antonio Krell, Joaquín Cordua, Eugenio Mandiola, Miguel Calaf, Herman Chadwick Piñera, Emiliano Figueroa, Alberto Danioni, Manuel Cruzat y Fabio Valdés. En conexión con el lavado de activos, aparecen mencionadas Calaf S.A.C.I., Lan Chile, Bancard, Fincard y Aerolíneas Escandinavas, SAS.

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